El senador provincial Martín Rostand (PRO) ingresó un proyecto de ley para establecer el uso obligatorio de uniforme reglamentario en todos los establecimientos penitenciarios y alcaidías de Mendoza
La propuesta surge como respuesta a fugas recientes, como las ocurridas en la Alcaidía de Tunuyán y en el Hospital Central, donde los internos lograron mimetizarse con civiles para evadir los controles.
El uniforme: mameluco naranja y calzado específico
El proyecto detalla con precisión las características de la indumentaria que deberían utilizar las personas privadas de la libertad:
- Vestimenta: se establece el uso de un mameluco de una sola pieza, confeccionado en tela de alta resistencia y de color anaranjado internacional o similar, que deberá contar con bandas refractarias para garantizar una alta visibilidad.
- Calzado: se propone el uso exclusivo de calzado anatómico de caucho o polímero (tipo “crocs”), sin cordones ni elementos metálicos. Según los fundamentos, esto busca dificultar físicamente la carrera veloz o el escalamiento de muros, a diferencia del calzado deportivo privado que facilita la huida.
- Prohibición de ropa civil: queda terminantemente prohibido el uso de prendas civiles en zonas de alojamiento o traslados. La ropa personal del interno será inventariada y guardada en depósito hasta que recupere su libertad.
El costo de adquisición y reposición del uniforme y el calzado estará a cargo del propio interno o encausado. El legislador sostiene que el sostenimiento de estos elementos personales no debe recaer exclusivamente sobre el contribuyente mendocino.
El proyecto también hace mención al trágico fallecimiento del jefe de la Alcaidía Pablo Rivero Ríos, argumentando que una identificación temprana de los internos mediante uniformes de alta visibilidad podría haber aumentado la disuasión y reducido el estrés en situaciones de persecución.
De ser aprobada la normativa, el Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo de 90 días para la implementación total del nuevo régimen en todo el territorio provincial. El Ministerio de Seguridad y Justicia será la autoridad de aplicación encargada de determinar la cantidad de mudas anuales y los mecanismos para el cobro de la indumentaria.